Columna Editorial de la Junta Ejecutiva Ampliada. Además, opinan, Martín Baccaro, presidente del IPS Salta y del COSSPRA; Soledad Rodríguez, directora de IAPOS Santa Fe; y Fernando Avellaneda, interventor del IPST Tucumán.
Es sabido que la innovación en tecnología hoy avanza a pasos agigantados y esto, en el sector de la salud, implica la posibilidad de nuevos medicamentos y terapias tratantes.
Sin embargo, lo que debiera resultar un beneficio para todas las personas, se traduce en un alto impacto en los precios de estas nuevas tecnologías: privatización del conocimiento, monopolios farmacéuticos, precios impagables. Situación que afecta a los individuos y, fundamentalmente, a los sistemas de salud.
Mientras que el gasto en salud pasó del 3% del PBI al 10% en los últimos años, un porcentaje elevado de esto corresponde a medicamentos. Cómo podemos trabajar, entonces, para disminuir el impacto del precio –no ya de los costos- de los medicamentos: abordando la cuestión desde un nuevo punto de vista, el trabajo conjunto.
Consideramos a éste un tema de salud global y, para nosotros, la respuesta a esta problemática no puede ser individual. Es necesario trabajar de manera coordinada con los distintos actores –dentro y fuera del sistema de salud- para promover estrategias de políticas públicas nacionales y regionales.
El poder de compra del Estado y la seguridad social es una alternativa para mejorar los precios, así la compra conjunta permitiría bajar ese valor y garantizar el acceso para la población. Sin embargo, la licitación conjunta no es una política por sí misma. Es necesario que el Estado regule en materia de medicamentos.
En consecuencia, trabajamos para consolidar un espacio nacional y de carácter federal, con real incidencia en el mapa de la seguridad social en la Argentina. Así, hemos generado encuentros con diversos espacios y profesionales de alto nivel, tanto de gestión como académicos. Nos han convocado, también, para coordinar con nosotros actividades y proyectos. Y esto se debe al esfuerzo colectivo, al compromiso que cada obra social tiene en el Consejo.
En este sentido, a partir del 2017 hemos mantenido encuentros y sellado acuerdos con el Ministerio de Salud de Nación; la Confederación Médica de la República Argentina; el Consejo Federal de Salud; la Organización Iberoamericana de Servicios Sociales; el PAMI; y legisladores nacionales.
El precio de los medicamentos es un tema prioritario. Por eso, promovemos el trabajo en función de desarrollar y mejorar las políticas públicas de control de precios, los espacios de investigación y la obtención de información certera y completa, la necesidad de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en salud, velando por el cumplimiento del derecho a la salud.
Opina Martín Baccaro, presidente de IPS Salta y presidente de COSSPRA
Los referentes de las Obras Sociales Provinciales (OSP) nucleados en COSSPRA tenemos la responsabilidad de administrar los recursos de nuestras organizaciones que, además de ser finitos, se sustentan en los aportes de nuestros afiliados. Así, debemos asegurar el acceso oportuno y equitativo a la salud de los más de 7.000.000 de beneficiarios a través de diversas prestaciones y coberturas, entre las que se encuentran los medicamentos. Un aspecto importante de nuestro trabajo es hacer que esos recursos alcancen para todos.
Por eso, desde COSSPRA nos planteamos generar y acompañar políticas públicas que busquen trabajar el tema del precio de los medicamentos. Por un lado, trabajando con los profesionales prescriptores –es necesario su compromiso para la prescripción responsable-, con la ANMAT, PAMI, y el Ministerio de Salud, quien nos convocó a ser parte de la CONETEC y a debatir en COFESA. Desde el comienzo apoyamos y gestionamos para que la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud sea, en breve, un hecho, ya que permitirá garantizar la calidad y la efectividad de los medicamentos.
Por otro, en relación con la industria farmacéutica, interactuamos buscando garantizar que el precio de los medicamentos no resulte abusivo y limite el acceso para aquellos que lo necesiten. El precio de los medicamentos no puede estar librado a las reglas del mercado. Por ello, se deben revisar las normas regulatorias y consolidar un marco normativo fuerte.
Estamos convencidos que el Estado deber regular y fijar precio; en tanto, será tarea de la industria competir para ver quién ofrece el más bajo. El gasto del afiliado es un límite de accesibilidad que no debería existir. Claro, esta tarea no es sencilla y hoy tenemos que discutir cómo hacemos para ir hacia un Estado que de esto una política pública
Opina Soledad Rodriguez, directora del IAPOS, Santa Fe
Pensar en términos de costoefectividad y cobertura poblacional.
En un escenario como el que se plantea en la actualidad, con costos crecientes y tecnología que avanza, es vital desde la seguridad social plantear la cobertura en términos de costoefectividad y de sustentabilidad de un sistema que debe ser equitativo y que tiene la misión de afrontar necesidades poblacionales y no individuales.
Es por ello que es menester el trabajo institucional para impartir pautas de cobertura aceptables y aceptadas basadas en tecnología que haya demostrado beneficios reales en la sobrevida o calidad de vida de las personas a un costo posible. En las medidas que se adopten, se debe involucrar además, a estratos del poder judicial, dado que la mirada únicamente centrada en el derecho individual pone en riesgo el derecho colectivo a la salud, por inaccesibilidad y desfinanciamiento del sistema.
Sólo políticas colectivas e institucionales podrán poner freno al fenómeno de costos y tecnología que amenazan la sustentabilidad del sistema.
Opina Fernando Avellaneda, interventor del IST Tucumán
“El medicamento como bien social” se denominó a la reunión del Consejo Federal Legislativo en el año 2014. Y esto constituye la razón por la cual los responsables de las Obras Sociales Provinciales (OSP) nucleados en COSSPRA estamos trabajando con el Ministerio de Salud, la Superintendencia, el PAMI, entre otros, para avanzar en distintos modelos, ya sea de financiamiento o compra conjunta, con el fin de permitir que el medicamento siga siendo un bien social.
El gasto de bolsillo en medicamentos constituye el principal gasto de los beneficiarios de las OSP. Haciendo un análisis del Manual Farmacéutico encontramos medicamentos de uso habitual en Enfermedades Crónicas No Transmisibles (las de mayor carga de enfermedad para nuestra población), como atenolol o simvastatina, que han tenido un incremento del 148% promedio, en el precio de venta al público entre diciembre de 2015 y mayo del 2018.
Dichos aumentos no se pueden justificar ni por la devaluación, ni por la inflación. Se hace obligatorio, de esta manera, avanzar en una política de control de precios de medicamentos, que va a requerir trabajo técnico de calidad, decisión política y acuerdos intersectoriales, que incluyen a la industria farmacéutica y a los actores del sistema, para mantener al medicamento como un bien social.
Esto que parece imposible pudo realizarse en un país de América Latina como Colombia, que en el último acuerdo incluyo 902 drogas, y que permitirá al pueblo colombiano un acceso a los medicamentos sin que la industria pierda ganancias.
