Coordinada por Nestor Martín, vicepresidente del COSSPRA y administrador del Instituto Social de Seguridad de Neuquén, se llevó a cabo esta primera mesa del II Congreso Nacional del COSSPRA, que contó con la participación de Luis Scervino. director Médico de la Obra Social de Obras Sanitarias; Javier Solano Ayala, juez de Cámara de la Sala Civil de la provincia de San Luis; Roberto Germán Busamia, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén; y Carola Musetti, directora Asociada de Asuntos Jurídicos del Hospital de Pediatría Garrahan.
El espacio fue abierto por el vicepresidente del COSSPRA, en su rol de coordinador, quien señaló que “uno de los problemas fundamentales que vimos en relación al tema fue la cantidad de amparos; era muy frustrante ver que las acciones que tomábamos no llegaban a buen puerto. Entonces decidimos crear un ámbito de acercamiento entre lo que eran dos actores que en ese momento estaban divorciados: la obra social y la justicia”.
El funcionario contó que como obra social provincial recibimos una buena lección sobre cómo responder los amparos y defenderlos. “Y tuvimos la oportunidad de acercarle un concepto a los jueces, contarles qué era la medicina basada en la experiencia y el tránsito en la basada en la evidencia. Empezaron a comprender la diferencia entre un bien económico y un bien social. Entonces, a partir de ahí, esta política de la Obra Social la trasladamos a COSSPRA, hicimos una mesa en el I Congreso Nacional sobre el tema y hoy estamos acá, iniciando un encuentro con una mesa específica sobre la problemática”, detalló y le dio la palabra a el primer miembro de la mesa.
Luis Scervino (link a su presentación) explicó que según estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal los amparos aumentaron un 41%. Destacó también que hasta 2020 tenían alrededor de 13336 amparos: un 70%, por motivos generales y un 30% por temas de discapacidad. Un 30% de los amparos tiene que ver con la cobertura de nuevas tecnologías y un 70% por causas administrativas. “El que más preocupa es el de las nuevas tecnologías”, advirtió.
Por su parte, el juez Javier Solano Ayala comenzó explicando cuál es el contexto legal en el que se apoyan al momento de pensar un amparo. “Nosotros vemos que es en los tratamientos novedosos dónde se apoyan la mayoría de los conflictos y habría que profundizar en mayor medida en la prueba. La ley de Discapacidad, también abre la puerta a estos reclamos, al igual que la ley 24.240, de defensa del Consumidor. Son todos argumentos que, generalmente, los reclamantes fundan sus reclamos para lograr prestaciones que no están en la normativa”, advirtió. También dio un pantallazo general en base a los amparos que estuvo tratando en el último tiempo, para que se tengan en cuenta cuáles es el abanico de alternativas que los jueces tienen que analizar.
A su turno, Roberto Germán Busamia, separó su ponencia en tres aspectos: por qué focalizamos en el amparo, de qué hablamos cuando hablamos de evidencia científica y, la tercera cuestión, es cómo mejorar el descontento de que los jueces no le prestan la debida atención a la información técnica. “El juez del amparo necesita que le expresen hechos o le pongan pruebas para saber si esa situación de riesgo existe o no. Aclaró cuál es el rol del juez de tercero imparcial y detalló aspectos como que la urgencia del amparo no da tiempo a la producción de evidencia científica. No alcanza con ofrecer al director médico como medio de prueba”, advirtió. El juez, además, puso el foco en que “las obras sociales provinciales deben jerarquizar, fortalecer y brindar capacitación para litigar en materia de amparo, que no es sencillo y que además se refieren a cuestiones de salud con riesgo y hay que tener equipos interdisciplinarios transversales”.
El cierre de la mesa estuvo a cargo de Carola Musett, quien destacó como “sustancial el modo en que recortamos el problema. Partiendo de lo que dijo Luis, el 70% de los amparos pueden ser gestionados hacia adentro de las OSP. También podríamos agregar un trabajo en la relación médico paciente y tenemos que mirar mejor qué se prescribe. En el 30% que queda, no tengo la respuesta, pero sí me parece que tenemos que intentar encontrar una solución más estructural. El estado somos todos. Además, se debe considerar el esquema del marco normativo, que la reforma del 94 hizo, y generó que el Estado nacional sea garante ante los foros internacionales por aquellos servicios que no organiza y tiene poca competencia. Si vemos cómo fue avanzando la judicialización, vemos que se incrementó. Sería oportuno que el poder judicial revise la expectativa que crea”, repasó.
Musetti señaló que pondría foco sobre “la posibilidad que tenemos de contribuir con evidencia y qué características tiene que tener” e interpeló los jueces presentes sobre cómo valoran la prueba. ¿El mero hecho de que exista una prescripción alcanza como prueba? ¿Qué pasa con la obra social que está del otro lado, a través de su auditoría, y y es desestimada como prueba? “Muchas veces estas demandas se instalan con productos que no han generado las suficientes pruebas”, sintetizó.
