Lo dijo Fernando Avellaneda, presidente del COSSPRA y del IPSS Tucumán, en el marco del Taller de Discapacidad organizado por el COSSPRA, en la casa de la provincia de La Rioja en Buenos Aires y del que participaron más de 50 representantes de equipos técnicos de las 18 obras sociales provinciales presentes. Entre sus ejes, se abordaron la equidad prestacional, la transversalidad de la cobertura en discapacidad y la necesidad de hacer política sanitaria basada en la salud de la población.
La apertura del taller estuvo a cargo de Claudio Amadio, en representación de OSEP Mendoza, quien contó su experiencia sobre la “Gestión de pacientes con diversidad funcional” y resaltó que la Obra Social Provincial está adherida a la Ley 24901 de Discapacidad desde noviembre de 2011 “con un sistema de prestaciones de rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”.
“Le dimos a la discapacidad un nuevo enfoque rehabilitador, desde lo social, lo psicológico y lo orgánico. Es un concepto que no se puede perder y es uno de los servicios esenciales definidos en Cobertura Universal”, señaló y detalló el conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos en interacción con el entorno.
“El objetivo es la eficiencia y la eficacia de las actividades en todas las áreas intervinientes, aprendiendo a trabajar con pacientes con discapacidad y entendiendo la rehabilitación”, dijo y en este sentido añadió: “Nuestra meta es generar políticas y procedimientos asociados en relación a la rehabilitación, con un manejo integral en todo el territorio provincial mediante la “Red de Rehabilitación. Partimos de la premisa de cómo gestionamos la discapacidad, dando lo que corresponde sin vulnerar derechos». En este sentido, el representante de OSEP consideró “fundamental» realizar convenios para reducir el gasto, contar con una cartilla más amplia, disminuir subsidios y evitar el cobro indebido. Finalmente, destacó la importancia del taller porque logró “poner en la mesa las problemáticas que tenemos en esta materia».
A su turno, Oscar Cochlar, abogado y ex gerente de Asuntos Jurídicos y Gestión Estratégica de la SSSalud abordó los aspectos legales y dijo: ““Lo que más me preocupa en el tema judicialización son las medidas cautelares que se otorgan sin escuchar a la otra parte”. Además, señaló que “hay poco reclamo administrativo previo y el 75 por ciento de los juicios que tenemos en el sistema son con medidas cautelares”. El abogado también aclaró que “las prestaciones de discapacidad son las que se llevan el mayor número de reclamos”, aunque las prestaciones educativas y la de transporte “son las que se llevan el mayor nivel de gasto”.
Cochlar también se refirió a la presión mediática que lleva a poner más esfuerzos en solucionar los problemas que se mediatizan y destacó que “la comunicación es clave para tratar de generar un vínculo con el afiliado”. “En todos los casos -recalcó- la primera comunicación llega a cualquier sede de la entidad, entonces los primeros plazos y los primeros pasos son determinantes para la defensa de los intereses de la institución”. El profesional también detalló los elevados costos que conlleva un litigio y apuntó: “nuestros jueces son buenos, no justos. Y es fácil ser bueno con la billetera de otro”.
Finalmente, Cochlar celebró el taller realizado por el COSSPRA “donde diferentes personas dieron distintas miradas sobre la problemática de la discapacidad” e hizo hincapié en que, cuando se refiere a la problemática “tiene que ver además de las prestaciones, con la organización interna y en cómo colaborar desde el punto de vista legal, con el vínculo y el trato a las personas con discapacidad y sus familias, así como con la judicialización y cómo evitar llegar a esta instancia”, y fundamentalmente, si esto ocurre, “cómo intentar que no termine siendo una barrera de acceso para las personas y una limitación para quienes dependen de una obra social para su cobertura de salud”.
Más tarde Gabriel Yedlin, legislador y ex ministro de Desarrollo Social de Tucumán agradeció la invitación y celebró, como persona que viene “de lo social” que la discapacidad “se tome como un tema de agenda, que se priorice, que se pueda diferenciar la enfermedad de la discapacidad y que se busque generar nuevas alternativas para promover el acceso al derecho de las personas con discapacidad y sus familias. La política es una herramienta transformadora y es la que nos tiene que dar respuesta a situaciones de conflicto”, dijo y agregó que “la discapacidad claramente es un tema que tiene que tener respuestas políticas”.
El funcionario se refirió a la inequidad en el acceso y subrayó el rol del Estado para dar respuesta “más aún cuando la discapacidad se mezcla con la pobreza”. “En discapacidad no hay una solución sólo de control y administración. Tiene que ser de fondo, una solución política que ponga en discusión el cuidado de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”, consideró y advirtió que “las personas con discapacidad tienen que tener las mismas prestaciones y el problema es el financiamiento”. En este sentido dijo que “es necesario pedir a los gobiernos provinciales más plata para cubrir la discapacidad, o que esté bajo la órbita de la SSSalud”.
David Aruachan, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud coincidió en que “es el Estado el que tiene que velar por los intereses de las personas, un Estado que muchas veces genera barreras complejas de entender” y llamó a “cuestionar nuestra responsabilidad como gestores y trabajar para que las corporaciones dejen de tener a las personas con discapacidad como rehenes de su beneficio económico. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar esta discusión y empezar a trabajar sobre las herramientas que condicionan la realidad de las personas”, agregó.
En cuanto a los aspectos económico-financieros, Aruachan explicó que existe un descalce real entre la recaudación del fondo solidario y la discapacidad “que genera que no podamos pagar otras obligaciones, como los subsidios automáticos o se demoren los pagos en otras”. “Al no tener aportes del tesoro nacional, la evolución depende del empleo formal; como gestores de salud tenemos que gestionar lo colectivo y muchas veces terminamos gestionando lo individual”, sostuvo el dirigente.
Aruachán señaló que “tenemos de nuestro lado a la tecnología” y detalló que desde la SSSalud están trabajando en un módulo de prestación automático con georreferencia para analizar los desvíos en el caso del transporte. “Vamos a trabajar en tiempo real con la prestación que se otorga para tener una preliquidación y cruzarlos con la liquidación de las obras sociales”, explicó y adelantó que esta herramienta “nos va a permitir convalidar la cantidad de kilómetros realizados y evitar la sobrefacturación”.
Finalmente, también remarcó la convocatoria como un paso importante “para empezar a trabajar y discutir verdaderas herramientas de integración de los sistemas de salud y ponernos de acuerdo sobre los lineamientos de las políticas públicas de aquí en adelante”.
El último orador de la mesa fue Fernando Avellaneda, presidente del COSSPRA y del IPSS Tucumán, quien advirtió que “las personas con discapacidad necesitan una mirada distinta a la que tenemos hoy. La Ley 24901 merece una renovación, pero las provincias no fueron convocadas en la discusión. Una de las primeras demandas debe ser reclamarle a la política una mayor presencia con conceptos y datos que nos permitan mejorar la atención de la discapacidad en el país.”
Avellaneda sostuvo también que “las OSP tienen la oportunidad de ser un excelente complemento de la cobertura de salud de los estados provinciales. La seguridad social es protectora y el desafío es proponer modelos de cobertura a la discapacidad donde seamos nosotros los responsables. Es probable que económicamente nos salga lo mismo pero el acceso estará garantizado en forma solidaria, con mayor equidad”.
A modo de conclusión, Avellaneda propuso sumarse al desafío de “mejorar la capacidad sobre lo que sí sabemos, hacernos cargo de toda la discapacidad en las provincias, proponer modelos de cobertura donde seamos nosotros los responsables e integrar coberturas”.
Por la tarde, el taller se desarrolló con mesas de trabajo y de discusión, donde se compartieron ideas, abordajes y experiencias. María Claudia Ortiz, administradora general de APOS La Rioja y anfitriona del encuentro, destacó la convocatoria y el interés de los equipos técnicos de las distintas obras sociales por una temática que, coincidieron, es “transversal” a todas las prestaciones. “Hay que seguir fortaleciendo los equipos y por sobre todas las cosas, la Escuela de Gobierno del Cosspra”, sostuvo.
